Muchas veces hemos hablado de la libertad de expresión como un derecho universal y sí que lo es. ¿Pero, qué pasa cuando nuestra forma de pensar o lo que decimos ataca directamente a uno persona sin que aquello de lo que se le acusa haya sido demostrado?
En nuestra región, al igual que en muchas otras partes, es común ver cómo nuestros representantes de la patria se lanzan dimes y diretes vía las redes sociales, en especial Twitter, manchando la imagen de algunos y destapando la de otros, finalmente casi todo sin un sustento que sea realmente válido como para que certifique la acusación. ¿La consecuencia de ello? Denuncias que valen miles de soles y muchas horas para las entidades del estado, las cuales deberían invertirlas en resolver los problemas del país y no los problemas personales de quienes se supone deberían manejarlo.
Es por ello que desde hace algún tiempo, la Asociación Civil Transparencia, con apoyo de especialistas en redes sociales y comunicación, están trabajando en la redacción de pautas para que los políticos y funcionarios públicos estén obligados a hacer un buen uso de estos medios, cosa que además ayudará a reforzar la imagen poco seria que muchos tienen, por ende mejorará la imagen del estado.
Ante esto, Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, indicó que con esta medida se busca principalmente que los líderes políticos diferencien entre los comentarios de carácter institucional y los de tono político o partidista para que hagan un mejor uso de sus cuentas.
“Deben recordar que están sometidos a un Código de Ética de la Función Pública que se aplica a todos los funcionarios públicos y miembros del Estado”, agregó Távara.
¿Adiós a la liberta de expresión?
Si bien algunas indican que esto atenta contra la liberta de expresión, hay que recordar que deja de ser “libertad” cuando uno acusa injustamente a alguien sin prueba de ello. Es por ello que el funcionario de Transparencia aclara que los políticos pueden valerse del derecho de libertad de expresión que les asiste, pero que no pueden contravenir los puntos recogidos en el código de ética de la institución al igual que en cualquier lado.
Este documento debería estar listo “en el transcurso de esta semana” y más que un código de conducta en redes sociales se considera un manual de su uso correcto para funcionarios públicos. En pocas palabras, una guía para inculcarles los valores que no aprendieron en casa.